Tucumán vivirá hoy la tercera jornada de paro del transporte público desde que empezó el año. De parte de los trabajadores que la ejecutan, esta medida de fuerza está ligada a un reclamo salarial que directamente pone en tela de juicio la viabilidad del servicio. Parece que abonar las remuneraciones pendientes de ninguna manera resuelve la cuestión de fondo, que es que, por numerosos factores que sería muy largo desarrollar, el sistema carece de la salud necesaria para funcionar como debería. Esta situación de precariedad y deterioro -que es antigua y que se consolidó en el período en el que fluían los subsidios de la Nación a las provincias- afecta fundamentalmente a quienes no tienen opciones para movilizarse, y están a merced del transporte público para trabajar, para educarse y para curarse, por citar sólo tres actividades humanas esenciales.
Cada paro demuestra y corrobora la vulnerabilidad de los sectores de la población que carecen de medios, y de posibilidades para trasladarse en autos particulares, motos, taxis y bicicletas. Basta imaginar simplemente la situación de desamparo que esta interrupción del servicio ocasiona en las zonas periféricas de los núcleos urbanos y en las áreas rurales. La falta de transporte público obliga a quienes menos tienen a padecer consecuencias que aumentan su condición de desigualdad y riesgos de seguridad, y disminuyen su ya escasa calidad de vida.
No son pocos los que, cansados de esperar ómnibus que no llegan -incluso cuando la prestación es “normal”- y obligados por las circunstancias, se aventuran a caminar distancias larguísimas que los exponen a las inclemencias del clima (lluvia y calor a raudales en verano), y a los ataques de los arrebatadores y violentos que azotan la paz social. Las deficiencias crónicas del transporte público tucumano (frecuencias y unidades insuficientes; mal estado de la flota y caos de tránsito, por mencionar sólo algunos problemas) han llevado a un número relevante de ciudadanos a optar por moverse en motos, que complejizan el control de calles y caminos, y a menudo protagonizan accidentes mortales. Como se ve, esa “solución” tampoco soluciona las causas del problema original, que es el retroceso del transporte público hasta el punto en el que está en el presente y la inexistencia de incentivos para usarlo.
Mientras que en el mundo este rasgo de la vida comunitaria ha sido potenciado para, entre otras ventajas, favorecer la integración, las oportunidades de desarrollo y la circulación ordenada, y reducir la contaminación producida por los hidrocarburos, Tucumán ha ido a contramano hacia un paradigma de “transporte privado” que inevitablemente conduce al colapso. Esa destrucción quedó a la vista este martes: bastaba caminar por la capital para advertir su estado de parálisis reflejado en calles desiertas, y comercios vacíos y cerrados.
El paro de ómnibus resiente a la sociedad en general, pero perjudica con mayor intensidad a los más débiles. El editorial de ayer diagnosticaba un “fracaso de la dirigencia” con abundantes daños colaterales. Hoy se impone llamar a la reflexión a los que especulan económica y políticamente con esta responsabilidad básica del Estado. Quienes tienen en sus manos la administración del conflicto, y la obligación de encontrar una salida real y duradera no pueden desconocer que la vida y el destino de una porción relevante de la población depende de ella.